El Supremo estima el recurso de Ence y permite a la fábrica de celulosas mantenerse en la ría de Pontevedra

El alto tribunal tumba la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga que le había concedido el Gobierno de Rajoy y que se extendía hasta el año 2073. La decisión provocará un impacto positivo de 169 millones en los beneficios del grupo de 2022

El Supremo ha despejado definitivamente el camino para que la fábrica de Ence de Pontevedra siga operando hasta 2073 en un terreno protegido actualmente por la Ley de Costas. La sentencia comunicada este martes por la mañana pone fin al largo recorrido judicial del Ayuntamiento, la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y Greenpeace contra una factoría que remodeló la fachada marítima a mediados del siglo pasado —y cambió buena parte del paisaje forestal gallego forzando el monocultivo del eucalipto—.

La Sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le da la razón a la empresa y estima sus recursos frente a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021 que a punto estuvo de expulsar a Ence de Galicia. En esencia, valida la prórroga que en 2016 le concedió el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy y que le valió al expresidente ser declarado persona non grata por el Ayuntamiento pontevedrés.

La reforma impulsada por el PP en la Ley de Costas unos años antes, en 2013, siendo ministro de Agricultura y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, fue determinante para que el Gobierno de Rajoy pudiese otorgar esa prórroga. Sin ella, la compañía tendría que haber desmantelado la planta en 2018.

Los magistrados consideran que se pueden prorrogar las concesiones anteriores en un suelo afectado por la Ley de Costas de 1988 siempre que consten informes medioambientales favorables, como era el caso.

Ahora la empresa, líder europea en fabricación de celulosa de eucalipto, respira tranquila. En un comunicado, resalta que “las sentencias del Tribunal Supremo despejan la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación y de las 5.100 familias vinculadas a su actividad. De este modo, aportan a la compañía la seguridad necesaria para acometer sus planes de futuro en esta biofábrica”.

También las cuentas del grupo lo notarán, y mucho. “La reversión de los deterioros de activos y provisiones de gastos registrados en los estados financieros de 2021, como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional, tendrá un impacto positivo estimado de 169 millones de euros en el beneficio de la empresa de 2022″, reconoce el grupo. Las acciones en Bolsa cerraron a 3,87 euros tras un alza de un 27%, y durante la jornada su capitalización avanzó en 202 millones de euros, hasta los 950 millones. Ence tiene como accionista mayoritario, con el 29,4%, a Juan Luis Arregui, fundador de Gamesa, que dejó la presidencia en 2019 tras 13 años en el cargo. La compañía de origen público vinculada al antiguo Instituto Nacional de Industria (entre 1950 y su salida a Bolsa en 1990), tiene en su accionariado a destacados empresarios, como José Ignacio Comege o Víctor Urrutia, según los registros de la CNMV.

Ence afirma que su biofábrica de la capital de las Rías Baixas es una de las primeras del mundo en “desempeño medioambiental”, y es una de las dos únicas factorías de Europa que produce pasta de papel totalmente libre de cloro, a partir de madera de eucalipto producida en cultivos forestales de Galicia. Un gran porcentaje de la producción es convertida en papel tisú, si bien la pasta también es usada para realizar otras aplicaciones papeleras. Asimismo, defiende que la planta cumple con todos los estándares de seguridad posibles, como una certificación AENOR que acredita el cumplimiento de la normativa internacional y “un robusto sistema de gestión de la seguridad”, acreditado en varios informes.

Fuente: El País (2022)

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